El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de un Real Decreto que modifica el marco legal para la creación y reconocimiento de universidades en España, tanto públicas como privadas. Esta ambiciosa reforma, impulsada por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades, tiene como objetivo garantizar la calidad y solvencia de todos los centros universitarios, asegurando una formación superior rigurosa y un sistema universitario de prestigio.
La senadora socialista por Albacete, Amparo Torres, ha celebrado esta iniciativa como un paso esencial para proteger el futuro de la educación superior en España. “Esta reforma no solo refuerza la calidad del sistema universitario español, sino que también permite a instituciones como la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) consolidarse como un referente educativo y científico. La UCLM podrá afianzar su compromiso con una formación rigurosa y adaptada a las necesidades sociales y económicas de nuestra región”, ha destacado Torres. Además, ha subrayado que el impulso a la investigación que establece el decreto, con la obligación de destinar al menos un 5% del presupuesto a esta área, permitirá a la UCLM ampliar su capacidad innovadora y fortalecer su impacto en el desarrollo científico y tecnológico.
«No podemos permitir que la universidad española pierda calidad porque eso supone un retroceso para toda la sociedad”, ha declarado la senadora”, para quien “no se trata solo de expedir títulos, sino de garantizar que los proyectos educativos e investigadores sean serios y sostenibles”. Torres ha secundado las palabras de la ministra del ramo y del presidente del Gobierno, al señalar el riesgo que corre la universidad por la forma en la que la entienden “deliberadamente que es un negocio, y esta reforma es una garantía para que cualquier familia que hace un esfuerzo económico para que su hijo o hija tenga un título, sepa que posee calidad».
Informe de evaluación vinculante. Uno de los pilares fundamentales de la reforma es la introducción de un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes «que será vinculante para evitar que instituciones sin garantías puedan operar libremente», ha explicado Torres. «Queremos universidades que realmente aporten valor al sistema educativo y no centros que solo buscan captar estudiantes sin ofrecer una formación de calidad”, ha continuado, “porque una universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos sin garantías, de ahí que se vayan a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad».
El decreto también establece nuevos umbrales mínimos para asegurar la viabilidad y el alcance de las universidades. «No tiene sentido que se abran universidades sin un número mínimo de alumnado que garantice su viabilidad; ésta es una cuestión de sostenibilidad y de compromiso con los estudiantes», ha afirmado la representante socialista, refiriéndose a la exigencia de un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años.
Compromiso con la investigación. Además el compromiso con la investigación se refuerza con la obligación de destinar al menos un 5% del presupuesto a esta área y conseguir financiación externa equivalente al 2%, “porque los socialistas entendemos que la universidad no puede ser solo un lugar donde se imparten clases porque su función es también generar conocimiento», ha subrayado Torres. Otra novedad importante es la consideración de las universidades virtuales con más del 80% de docencia online como universidades de especiales características, cuya autorización requerirá la aprobación de las Cortes Generales.
Finalmente, se introduce el requisito de que las nuevas universidades dispongan de una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas ofrecidas.
«Esta reforma no va contra las universidades privadas, sino que busca establecer unas reglas justas y exigentes para todo el sistema universitario español”, ha concluido Amparo Torres, para quien «el debate no es entre universidades públicas y privadas, sino entre universidades buenas y universidades malas”. “La universidad es la mayor herramienta de progreso social que tenemos y debemos protegerla de quienes quieren convertirla en un simple negocio», ha finalizado.
