La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará a partir del próximo miércoles a cinco personas que participaban en la venta de drogas en la ciudad, por la que piden que sean condenadas a penas que suman 21,2 años de cárcel y a dos de ellas otros 8 años de prisión por blanqueo de capital.
Dos de los procesados son un matrimonio que habían hecho de su modo de vida la venta de heroína y cocaína en su domicilio, al que acudían para adquirir estas sustancias los compradores, a los que los procesados atendían en ocasiones utilizando a sus hijos menores para atenderlos, según se indica en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE.
Otra de las procesadas es una mujer a la que propusieron que les guardara en su vivienda parte de las drogas que vendían, ante el temor de que se dictara una eventual diligencia de entrada y registro en su casa, ya que la Policía Nacional estaba investigando sobre la actividad a la que se dedicaban.
A cambio, ofrecieron a la mujer darle 20 euros diarios en efectivo y otros 10 euros en heroína y cocaína, que aceptó la propuesta y dedicó la droga que le correspondía tanto a su propio consumo como a venderla a terceros dentro de su propio domicilio.
El cuarto encausado es un hombre que se encargaba de llevar la droga desde Madrid al matrimonio procesado, que fue sorprendido cuando se disponía a hacer una de las entregas de cocaína.
A raíz de su detención, se autorizó la entrada y registros en otras viviendas de la familia, una de las cuales de un hijo del matrimonio en el que las personas que estaban en su interior procedieron a arrojar la droga que tenían en ese momento por el lavabo y el inodoro.
En esta vivienda, se intervino una cantidad importante de joyas, parte de ellas procedentes de compradores de droga que las dejaban en garantía hasta un posterior pago en efectivo, según el relato del fiscal.
Además, mantiene que con los beneficios y ganancias que habían obtenido con su actividad compraron varios inmuebles en Ciudad Real y varios vehículos, que pusieron a nombre de personas de su ámbito familiar más directo para encubrir y ocultar el origen de estos beneficios.
Por este motivo, el fiscal los considera autores de un delito de blanqueo de capitales, por el que el pide que cada uno de ellos sea condenado a cuatro años de prisión.
Y como autores del delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud pide que el hombre sea condenado a cinco años y seis meses de prisión, porque concurre la agravante de reincidencia, y su esposa a cuatro años de prisión.
También pide cuatro años de prisión para el hombre que les suministraba las drogas que vendían y para el hijo del matrimonio, mientras que para la mujer que aceptó guardarlas en su propia casa solicita una pena de tres años y seis meses de cárcel, porque concurre la circunstancia atenuante de drogadicción.
