La comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles el dictamen de las cuentas generales de la comunidad autónoma desde 2016 a 2020, con el apoyo de los diputados del grupo socialista y el rechazo de PP y Vox.
Durante el debate, el diputado regional del PSOE Fernando Mora, que será el ponente del dictamen ante el pleno, ha coincidido con los partidos de la oposición en que hay que dar agilidad al trámite de control que debe ejercer esta comisión respecto de la cuenta general, si bien ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha rendido cuentas «en tiempo y forma» y ha añadido que las Cortes no han sido «lo suficientemente diligentes».
Mora ha recordado que esto ya sucedió en 2018 cuando se analizaron las cuentas correspondientes a los años de Gobierno del PP en la región y que esto deriva también del retraso en que incurre el Tribunal de Cuentas, a lo que se suma la pandemia, en cuyo primer año sin embargo llegaron a las Cortes de Castilla-La Mancha dos liquidaciones.
Con todo, el diputado del PSOE ha recalcado que la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ya ha presentado dos informes, los de 2021 y 2022, y ha confiado en que se empiece a normalizar este procedimiento del control de cuentas al contar con un órgano regional.
Aún así, ha apuntado que la limitación de la fecha para que el Gobierno regional presente la cuenta general fue ampliado hasta el 31 de octubre en la que etapa de Gobierno del PP y, aunque puede plantearse si corregirlo o no, ha considerado que se está volviendo a una normalidad en la gestión económico-financiera de la Junta y que se sigue avanzando en las recomendaciones que hizo en su día el Tribunal de Cuentas.
En cualquier caso, Mora ha subrayado que el tribunal hace una lectura menos negativa de la que hacen los grupos de la oposición de las cuentas generales desde 2016 a 2020 y que no utiliza adjetivos como el de «nefasta» para referirse a la gestión, a la vez que ha puesto el acento en que el grueso de la deuda pública no lo ha generado el Ejecutivo actual sino que viene de los años de gestión del Partido Popular.
La oposición señala el «desfase» en la rendición de cuentas
Tanto el grupo parlamentario popular como el de Vox han señalado durante la comisión el «desfase» de la rendición de cuentas, ya que se analizan ahora informes del presupuesto de hace ocho años.
De hecho, Vox ha planteado que la rendición de cuentas sea anual para que sea un instrumento «eficaz y eficiente», mientras que el PP ha incidido en que se trata solo de cumplir la ley, por lo que la propuesta del primero no ha prosperado ante el rechazo del PSOE y la abstención del grupo popular.
En este contexto, el parlamentario del PP Santiago Serrano ha incidido en que este retraso en la rendición de cuentas refleja que «el Gobierno regional se salta a la torera la Ley de Hacienda», que establece el plazo hasta el 31 de octubre del año siguiente, y por tanto una «falta absoluta de seriedad, ausencia de cumplimiento de la legalidad y de respeto al Parlamento por el intento de evitar el control del mismo».
Asimismo, Serrano ha destacado que en los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas queda patente que «la deuda y el déficit son señas de identidad del Gobierno de Emiliano García-Page», que demuestra un «constante desdén» por la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, así como una «desastrosa gestión» en entidades como Geacam y la Fundación Impulsa.
Para el grupo popular, «la supuesta buena gestión por la que se da golpes de pecho el Ejecutivo autonómico queda desmentida», a la vez que ha criticado que buena parte de las recomendaciones del tribunal las ignora con una «desidia absoluta».
Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Cobo ha afirmado que genera «perplejidad» que los informes desde el año 2016 al 2020 se vean ahora en 2025 porque, a su juicio, «no aportan ningún valor añadido y no se corresponden con la realidad actual de la región».
Así, ha criticado que los más de 800 folios que constituyen estos cinco informes no tienen «ningún tipo de utilidad» y ha apuntado que habría que establecer la estructura del sector público con rigor e incluir la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que no se establece si se cumple o no la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que el endeudamiento alcanza altos niveles y falta transparencia en la publicación de los informes.
