El pasado 25 de septiembre, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo (Albacete) argumentaba en nota de prensa que formuló el día 9 de ese mes de septiembre «un recurso de reposición contra la resolución de alcaldía número 387 de 28 de agosto en el que se realizaba una modificación de créditos por un importe de 564.101 euros con cargo a unos mayores ingresos procedentes de unos aprovechamientos urbanísticos». Esta modificación, a juicio de los populares «podría ser nula de pleno derecho por diferentes motivos».
Fechas después de su primera nota de prensa, concretamente el pasado 23 de octubre, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo volvía a pronunciarse al respecto en nota de presa, y argumentaba que «la Alcaldesa de Montealegre del Castillo (Albacete) se ve obligada a estimar el recurso presentado por el Partido Popular ante los demoledores informes de los técnicos de Diputación de Albacete, avalados por los técnicos del Ayuntamiento de Montealegre, en el que se señala la irregularidad en el pago de casi 600.000 euros», añadiendo que “esto es un duro golpe a la credibilidad de la Alcaldesa de Montealegre. Una alcaldesa superada por los hechos que mantiene paralizado todo el ayuntamiento y que ha iniciado una caza de brujas dentro del consistorio contra quienes considera que no le rinden una lealtad extrema».
Como parte afectada, María Dolores Almarcha, alcaldesa de Montealegre del Castillo ha querido mostrar su versión de los hechos y manifiesta que «en relación a las Cuentas del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo en el ejercicio 2023, todos los controles y fiscalización necesarios se han realizado conforme a la legalidad. Este proceso no depende de la Alcaldía ni de ningún órgano político, sino de la Secretaría General del Ayuntamiento, que emitió informes favorables sobre cada movimiento económico y sobre la Resolución aprobada. Dicha Resolución fue validada exclusivamente a partir de la conformidad de la Secretaría».
Añade la primer edil de Montealegre que «durante todo el proceso, la Secretaría General de este Ayuntamiento, que es el organismo administrativo competente para ello (y no la Alcaldía ni ningún partido político), ha llevado a cabo los controles y fiscalización necesarios, atendiendo siempre a la legalidad. Dicho organismo informó favorablemente, tanto respecto a los movimientos económicos individuales (según se recoge en la propia Resolución ahora anulada por esta misma Alcaldía) como respecto a la Resolución que, con la conformidad de dicha Secretaría, fue aprobada por la Alcaldía. Incurrió en un error técnico con respecto a los plazos de aprobación y conceptualización, favorecido por la propia Diputación, que en un primer momento dio su visto bueno al procedimiento. Sólo después del recurso del Partido Popular se advirtió el defecto formal y se ha actuado en consecuencia».
Explica también Almarcha que «este defecto no pone en duda la regularidad de las cuentas, en el aspecto material. No se ha gastado ni un solo euro fuera de control, y todos los fondos se han destinado a servicios para los ciudadanos: cultura, deporte, mejoras en instalaciones y edificios públicos, abastecimiento de agua potable, mantenimiento de caminos rurales, atención a personas mayores, y refuerzo de personal en la Escuela Infantil Municipal, entre otros».
En definitiva, y según la alcaldesa, «se trata de unas cuentas elaboradas con el refuerzo de una gestoría externa especializada, fiscalizadas conforme a Ley, bajo la supervisión y el control formal de la Secretaría General. Unas cuentas en las que todo el dinero gastado está justificado hasta el último céntimo. Incluso, la propia Diputación confirma que el procedimiento fue adecuado, aunque el defecto formal requirió la anulación y corrección».
Para finalizar, la cabeza más visible del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo expresa que «el Partido Popular ha usado un defecto meramente formal, sin impacto material en las cuentas, para crear un bulo que le beneficie políticamente, aun sabiendo que daña gravemente el interés público municipal. Ha creado una versión falsa y engañosa de la situación, usando un simple defecto de forma en el proceso, para construir un bulo en el que se da a entender que yo he gastado 600.000 € sin control, haciendo quién sabe qué con ese dinero y generando una sombra de duda sobre mí que es totalmente injustificable. Por ello, presentaré una demanda contra el Partido Popular, por lo que considero un atentado contra mi honor».
