En nota de prensa, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica que «tras el nuevo juicio celebrado hoy entre OCU y Volkswagen ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, queda visto para sentencia el Dieselgate: El caso que desveló hace ya nueve años la existencia de un software en los motores de los vehículos comercializados de Volkswagen, Audi, Skoda y Seat que reducía artificialmente las emisiones contaminantes cuando se detectaban pruebas para medirlas. Un fraude admitido finalmente por el grupo, que reconoció que sus motores trucados arrojaban cifras de NOx 40 veces menores a las reales».
OCU añade que ya obtuvo «una sentencia favorable ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid hace cuatro años, pero fue rebatida en segunda instancia en base a una supuesta falta de jurisdicción, motivo por el que ha tenido que repetirse todo el proceso judicial en Barcelona».
Según denuncia OCU «las mentiras del Grupo Volkswagen han supuesto un grave perjuicio para los miles de propietarios de estos vehículos trucados. No solo por la pérdida de valor del automóvil adquirido, también por los posibles daños sobre su salud: una exposición continuada a un exceso de NOx puede causar un incremento de enfermedades respiratorias en niños, agravamiento de afecciones en asmáticos, enfermedades respiratorias crónicas, bronquitis y pulmonías».
Añade OCU que «lamentablemente el Grupo Volkswagen no ha querido ofrecer ningún tipo de compensación a los afectados en España, a diferencia de lo sucedido en países como Alemania, Austria, Italia, Estados Unidos o Australia donde se llegó a distintos acuerdos con las organizaciones de consumidores que representaban a los afectados. De hecho, al Grupo Volkswagen en España solo se le conocen estrategias de dilación».
No obstante, OCU confía en que «esta vez la justicia dicte, sin excusas procesales, una sentencia favorable que considere los daños y perjuicios ocasionados para cada uno de los 7.500 usuarios representados por la organización y que se cifran en 3.000 euros por persona».
Por último, OCU recuerda al Gobierno «la necesidad de endurecer las sanciones por infringir la normativa de protección de los consumidores, además de terminar de tramitar con urgencia los tramites legislativos para trasponer la Directiva de Acciones Colectivas en Defensa de los Consumidores, de forma que se mejore la reclamación ante los fraudes masivos».
