La polémica envuelve a la alcaldesa de este pueblo de Albacete

Denuncian "irregularidades en el proceso de adjudicación de la organización del Festival Mestizo Fest 2024" en Montealegre del Castillo

El Ayuntamiento de Montealegre del Castillo (Albacete), encabezado por su alcaldesa, María Dolores Almarcha, se ha visto envuelto en polémica debido a las denuncias que se están vertiendo sobre presuntas «irregularidades en el proceso de adjudicación de la organización del Festival Mestizo Fest 2024» en la localidad, según ha podido saber El Digital de Albacete y así lo corrobora la documentación a la que ha podido tener acceso este medio de comunicación.

Diversas fuentes denuncian al respecto, con la documentación en la mano, que «el ayuntamiento de Montealegre del Castillo sacaba una resolución de Alcaldía el pasado 30 de Mayo de 2024 por la que proponía la adjudicación del servicio de organización del Festival Mestizo Fest 2024. En dicha Resolución de Alcaldía se aprobaba el Pliego de Cláusulas económico-Administrativas por la que se iba a regir el presente procedimiento, así como el procedimiento de Adjudicación del Servicio de organización del Festival Mestizo Fest 2024”.

Así, añaden estas fuentes, «se concedía un plazo de 5 días naturales para la presentación de solicitudes de participación para el citado procedimiento a partir de la publicación del anuncio de la licitación en el Tablón de Anuncio de la Sede Electrónica Municipal. En el artículo noveno del Pliego de condiciones económico-administrativas se establecen los criterios de valoración y método de valoración de propuestas. Sin embargo, no se especifica en este pliego el plazo de resolución de propuestas, ni cuándo ni por quién estará compuesta la mesa de contratación, ni cómo se realizará el proceso de apertura de proposiciones».

Aseguran las mismas fuentes que «en el pliego simplemente se hace alusión en el artículo décimo quinto a que la Alcaldía ‘acordará la adjudicación definitiva‘ y en la notificación se requerirá al adjudicatario para que en el plazo de dos días naturales deposite la fianza definitiva y concurra a la formalización del correspondiente contrato administrativo».

Así, estas fuentes denuncian «irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio por parte del consistorio». En concreto, indican que «tras presentar nuestro proyecto en la sede electrónica siguiendo los plazos y condiciones especificadas en el procedimiento, hemos recibido toda una serie de sorprendentes llamadas y excusas para dilatar el proceso y evadir nuestra participación en el mismo. Primeramente, el día 4 de junio, día en el que finalizaba oficialmente la presentación de propuestas, recibimos una llamada del propio consistorio indicándonos que el plazo de presentación de solicitudes iba a modificarse a 5 días hábiles, y no naturales, como se indicaba originalmente en el pliego. Esta decisión estaba motivada porque según el consistorio este plazo era injusto para otros posibles licitadores».

Fuentes contrastadas demuestran que «el consistorio no es la primera vez ni mucho menos que saca algún servicio público a concurso que tiene un plazo estipulado con esta formula. Así, servicios como el de la cantina-reposteria de la piscina municipal y el servicio de barra en las pistas polideportivas para fiestas patronales 2024, o el de adjudicación del servicio de barra-hosteleria de la elección de la reina de las fiestas patronales 2023, contaban con un plazo de presentación de solicitudes de 7 y 2 días naturales consecutivamente».

Idénticas fuentes añaden que «horas más tarde, en torno a las 20:00 horas, personas del equipo de gobierno mantenían una reunión concertada (de forma no oficial) con otra de las partes interesadas (y previsiblemente licitadora) en la organización de este servicio. Esta reunión se llevaba a cabo sin conocimiento expreso del resto de licitadores y muy presumiblemente con el objetivo de acordar un nuevo proyecto ganador para dicha parte que mejorase las condiciones económicas y de programación propuestas por otros licitadores».

Las fuentes indicadas concluyen argumentando que «sin duda, esto es un ejemplo más de cómo el mal uso de la administración pública sólo perpetúa el clientelismo, los tratos de favor y la prevaricación, sello ya distintivo, desgraciadamente, en nuestro país».

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